Si hay algo que tienen los asesores del Ejecutivo Nacional es picardía para inventarle nombres irreprochables a las leyes, un claro ejemplo es la promulgación de la Ley de Costos y Precios “Justos”. Con esto buscan que todo el que se atreva a cuestionarlos luzca enemigo de un valor tan universal como la “justicia”. Es el mecanismo por el cual han pretendido que sólo los que pertenecen a un partido y obedecen a un caudillo, puedan llamarse patriotas o bolivarianos. Va siendo hora de que ningún venezolano tolere más semejante chantaje.
Ya en el pasado hubo una experiencia similar con la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios que existió principalmente durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Para resumir, de aquella experiencia se recuerda que, en cuatro años de vigencia, la inflación lejos de reducirse se duplicó y el desabastecimiento apareció en escena con episodios nunca antes vistos. Hubo comunidades que llevadas por la desesperación tomaron camiones por asalto para obtener bienes desaparecidos de los mercados, como por ejemplo el papel sanitario.
¡Ojalá gobernar y hacer que el pueblo viva mejor fuese cosa de inventar nombres y de hacer decretos o leyes que, a punta de multas, generen condiciones de bienestar! Yo por ejemplo me apuntaría de una vez con una Ley de Felicidad y del Progreso General ¿Quién podría oponerse? Claro, habría que designar una comisión y establecer un sistema de penalizaciones para todo aquel que tuviese la ocurrencia de ser infeliz. Por supuesto, eso es tan disparatado como el querer someter a la discrecionalidad del burócrata toda la complejidad de la economía, que es lo que nos plantea esta nueva Ley.
Se trata, en el fondo, de una expresión más de la tentación autoritaria; que es la tentación del atajo, del voluntarismo, del “porque me da la gana”. Lo contrario es el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el crear condiciones para que los ciudadanos -y no un gran jefe- sean realmente los protagonistas de cada solución.
Que la especulación es un mal a vencer es algo que nadie puede rechazar. Que la solución es tan simple como crear una gran policía de costos y precios, no lo creemos en absoluto. Que hay una suerte de gen que hace de nuestros comerciantes e industriales unos especuladores natos, a diferencia de los filantrópicos empresarios rusos, chinos, brasileños o argentinos, pues tampoco. Que debe haber leyes contra el abuso, por supuesto que sí, pero esas normas nunca se darán abasto mientras la política económica genere oportunidades para los inescrupulosos que siempre puede haber en todos los niveles: desde la gran industria, pasando por el transportista, hasta llegar al más pequeño comerciante.
Destruir el aparato productivo nacional es una manera efectiva de promover la especulación, y eso precisamente es lo que de manera absurda se ha venido haciendo. El verdadero antídoto es la diversidad de la oferta y la competencia entre más y más empresarios deseosos de ganarse la buena voluntad del consumidor. La nueva Ley nos lleva por el camino exactamente contrario.
En Miranda hemos hecho una clara apuesta por el desarrollo económico, única respuesta de fondo al problema de la inflación y la escasez. Siendo el primer estado en adoptar una Ley para el Desarrollo de la Economía Popular, hemos entregado ya cerca de 3.000 créditos productivos –más de la mitad para mujeres emprendedoras- que significan la creación de unos 17.000 empleos.
En el polo opuesto del “Estado empresario” que hoy se nos quiere imponer, nosotros creemos en el ciudadano emprendedor y, en tal sentido, hemos ofrecido capacitación a más de 2.000 mirandinos para que conviertan sus ideas y sus ganas de progresar en iniciativas concretas. Otro tanto hicimos con unos 30.000 productores agrícolas, a quienes hemos entregado 943 créditos, que se estima generaron 23.000 empleos. Además, bajo el concepto “Hecho en Miranda”, estamos dando capacitación y asesoría para que los productos locales triunfen en nuevos mercados dentro y fuera del país.
Y, por cierto, una pregunta que todos deberíamos hacernos hoy: ¿quién le controla los costos al Gobierno nacional? ¿Cuál será el organismo que evaluará y fiscalizará la relación entre lo que gasta/presta/regala el Ejecutivo Nacional, y lo que efectivamente recibimos los venezolanos en servicios públicos y oportunidades de progreso? Quizás nos llevaríamos una gran sorpresa al descubrir que el mayor especulador es aquel que nos ha hecho pagar una auténtica fortuna –ingresos record por la venta del petróleo que a todos nos pertenece- a cambio de un país muy distante con el que soñamos y tenemos derecho a aspirar.
Yo creo que, más que obsesionarnos con enemigos internos y externos, Venezuela está en la hora de construir alianzas con todo aquel dispuesto a sumar su buena voluntad y sus capacidades al logro de metas comunes. Mantengamos viva la reveladora lección que nos acaban de dar los muchachos de la Vinotinto, quienes nos demostraron que un color y una pasión también pueden servir para unirnos, o mejor aún, para demostrarnos que en realidad, nunca lograron dividirnos.